Uzbekistán

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Las autoridades continuaron reforzando su control sobre el derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Se sometió a activistas, blogueros, blogueras y periodistas independientes a procesamientos de motivación política por informar sobre denuncias de corrupción y abusos contra los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho a la vivienda y los derechos laborales. La tortura y otros malos tratos en los centros de detención seguían siendo prácticas habituales y generalizadas, y era frecuente que las personas sospechosas de responsabilidad penal quedaran impunes. Las personas LGBTI eran objeto de intimidación, agresiones físicas, difamación en las redes sociales y detención arbitraria por cargos penales falsos. Numerosas víctimas de desalojo forzoso y expropiación seguían sin tener a reparación judicial efectiva.

Información general

En las elecciones parlamentarias de octubre no participó ningún verdadero partido de oposición política. El partido gobernante obtuvo la mayoría de los escaños.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron reforzando su control sobre el derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación, reprimiendo a cualquier medio realmente independiente. En ausencia de una prensa libre, se sometió a blogueros, blogueras y comentaristas de redes sociales a procesamientos de motivación política por informar sobre denuncias de corrupción, abusos contra los derechos humanos y otros temas políticamente delicados. Al menos 10 personas fueron declaradas culpables de difamar e insultar al presidente en Internet, y algunas también se enfrentaron a cargos falsos de extorsión y fraude.

Las ONG internacionales de derechos humanos sufrieron cada vez más restricciones de sus actividades legítimas de observación y denuncia. Defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas también sufrieron intimidación, hostigamiento y ataques. Las activistas Umida Niyazova y Sharifa Madrakhimova fueron objeto de amenazas y agresiones físicas en abril por parte de un bloguero afín al gobierno y de un desconocido. Los agresores intentaban que ambas mujeres dejaran de monitorear la producción de algodón y de entrevistar a campesinos y campesinas y a personal de la empresa algodonera Indorama Agro sobre conflictos laborales. La policía se negó a presentar cargos contra el bloguero y su cómplice. Poco después, el bloguero acusó en las redes sociales a Umida Niyazova de dañar la reputación de Uzbekistán.

En julio, estructuras ejecutivas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) expresaron preocupación por que la versión revisada más reciente del Código de Información contenía restricciones demasiado amplias y discriminatorias del derecho a la libertad de expresión, tales como prohibir la difusión de información que fomentara el “separatismo” y el “extremismo religioso” y faltara el respeto al Estado y la sociedad. El proyecto de Código de Información estaba pendiente de aprobación a finales de diciembre.

En julio, el periodista de etnia tayika Salim Inomzoda fue arrestado y acusado de difundir “información amenazadora para la seguridad pública” por haber compartido en Facebook, en 2022, una canción tradicional tayika que las autoridades consideraban “separatista”. El periodista podía ser condenado a hasta ocho años de prisión.

Nuevas enmiendas a la ley sobre la condición jurídica de las personas extranjeras y apátridas, aprobadas en noviembre, otorgaban a las autoridades la facultad de clasificar como “indeseable” a cualquier persona extranjera que se considerara que estuviera dañando la reputación, la cultura, los valores, las tradiciones o la historia de Uzbekistán. Las sanciones incluían multas y la prohibición de entrar en el país durante cinco años.

Libertad de asociación

En febrero, el Tribunal Supremo calificó de “extremista” al partido político de oposición no autorizado Alga Karakalpakstan, que abogaba por la independencia de la República Autónoma de Karakalpakistán, y lo prohibió.

El 30 de mayo, un tribunal condenó a Parakhat Musapbarov a seis años de prisión por su presunta pertenencia a Alga Karakalpakstan. La sentencia condenatoria se basó únicamente en su “confesión” forzada mientras estaba detenido en espera de juicio —de la que se retractó ante el tribunal— y en unos comentarios que había publicado en redes sociales cuando vivía en el vecino Kazajistán.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales y generalizados en los centros de detención, y estaba normalizado que las personas sospechosas de responsabilidad penal quedaran impunes. No hubo avances sobre las propuestas formuladas por la Fiscalía General sobre el establecimiento de mecanismos independientes para dar seguimiento a la tortura y a las condiciones de reclusión, y las autoridades continuaron paralizando importantes reformas jurídicas a las que se habían comprometido con varios órganos internacionales de vigilancia.

La comisión parlamentaria establecida en 2022 para investigar la represión violenta de las manifestaciones en Karakalpakistán, incluida la presunta tortura de decenas de personas detenidas por participar en ellas, finalmente presentó un informe ante el Parlamento en diciembre. Al finalizar el año aún no se había hecho público el texto íntegro. Las autoridades ignoraron las peticiones de que se llevara a cabo una investigación internacional independiente.

En agosto, defensores y defensoras de los derechos humanos informaron del deterioro en la salud de Dauletmurat Tazhimuratov, abogado y editor de Karakalpakistán condenado a 16 años de prisión tras un juicio injusto por su presunto papel en las manifestaciones de julio de 2022. Según su madre, que lo había visitado en la cárcel, lo habían obligado a trabajar en una fábrica de cal en condiciones peligrosas sin ningún equipo de protección, había adelgazado, le costaba comer y respirar, y tenía erupciones en las manos y la cara. Las autoridades no le proporcionaban la atención médica que necesitaba, y tenía limitado a su abogado y su familia.

Derecho a la vivienda

Tras visitar el país en agosto, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada advirtió de que en Uzbekistán había una gran brecha entre la legislación y la práctica en lo referente al derecho a la vivienda. Señaló que la cuestión de la independencia judicial seguía siendo un reto y que la inmensa mayoría de los casos que enfrentaban a promotores y residentes parecían decidirse en favor de los primeros. El relator especial también expresó preocupación por la intimidación, el procesamiento o la detención por motivos dudosos que habían sufrido víctimas de desalojo forzoso, defensores y defensoras del derecho a la vivienda, profesionales de la abogacía, blogueros, blogueras y periodistas que informaban sobre demoliciones arbitrarias de viviendas.

El 5 de enero, un tribunal decidió transferir de un hospital psiquiátrico abierto a uno cerrado a Shahida Salomova, quien había criticado abiertamente los abusos contra los derechos humanos cometidos en operaciones urbanísticas y había defendido a víctimas de desalojo forzoso. Se le prohibió tener o con sus familiares y su abogado, y se le impuso tratamiento médico obligatorio. Había sido recluida en una institución psiquiátrica en 2022 tras acusar de corrupción al presidente y su familia en las redes sociales. El relator especial lamentó que no se le hubiera permitido visitar a Shahida Salomova y pidió una evaluación médica independiente internacional de su enfermedad.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las personas LGBTI seguían en peligro de sufrir abusos y violaciones de derechos humanos por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley y de particulares. Sufrían intimidación, agresiones físicas, difamación en las redes sociales y detención arbitraria por cargos penales falsos.

El gobierno seguía negándose a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre hombres. En abril, como respuesta al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, las autoridades declararon que la despenalización de ese tipo de relaciones “atentaría contra las tradiciones del pueblo multiétnico de Uzbekistán, así como contra los valores de la institución de la familia y las costumbres nacionales”.

Asimismo, las autoridades advirtieron del peligro de la “promoción de la homosexualidad” e insistieron en que la orientación sexual y la identidad de género no podían incluirse como características protegidas en la legislación contra la discriminación porque ello contradecía “los valores de la institución de la familia”.

Derecho a un medioambiente saludable

Uzbekistán continuó siendo vulnerable a las consecuencias del cambio climático, a la sobreexplotación de los recursos hídricos, a la desertificación y a la contaminación del aire.

La capital, Taskent, figuraba entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Un estudio del Banco Mundial concluyó que el 83% de su población estaba expuesta a niveles de contaminación del aire seis veces superiores a los recomendados por la OMS, y que causaban en torno a 3.000 muertes prematuras al año. El polvo de las obras de construcción y de las carreteras contribuía a más de la mitad de los contaminantes atmosféricos.

En un intento por ralentizar la desertificación invasiva, el presidente Shavkat Mirziyoyev inició un programa para sembrar semillas resistentes a la sequía en zonas áridas, incluida Karakalpakistán, que se había visto especialmente afectada por la desecación del mar de Aral.