Yemen

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2025.

Todas las partes en el conflicto, que controlaban distintas zonas de Yemen, continuaron sometiendo a detención arbitraria, desaparición forzada y procesamiento injusto a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, personal de organizaciones humanitarias y de derechos humanos y voces críticas con las autoridades por su historial en materia de derechos humanos y por sus políticas. Tribunales de todo Yemen impusieron condenas a muerte, en ocasiones tras juicios manifiestamente injustos. Todas las partes en el conflicto restringieron arbitrariamente la distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes continuaron prohibiendo a las mujeres viajar sin que las acompañara un familiar varón, menoscabando así su derecho al trabajo y otros derechos humanos. Ninguna de las partes en el conflicto protegió el derecho de las mujeres a la privacidad en Internet ni proporcionó reparación a las sobrevivientes de violencia de género facilitada por la tecnología. Continuaron los procesamientos de personas LGBTI. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación del medioambiente.

Información general

La continuación de facto del alto el fuego declarado en todo el país bajo los auspicios de la ONU propició una mayor reducción de los combates y de los ataques transfronterizos. Sin embargo, todas las partes en el conflicto siguieron atacando esporádicamente zonas civiles y frentes de batalla, especialmente en las gobernaciones de Taiz, Saada y Baida.

Las fuerzas armadas huzíes atacaron al menos 57 barcos comerciales y militares en el mar Rojo, el golfo de Adén y el océano Índico, alegando que estaban vinculados a Israel, Estados Unidos o Reino Unido. El 6 de marzo, atacaron el buque True Confidence en el golfo de Adén, matando a tres de la tripulación e hiriendo al menos a otros cuatro. Seguían manteniendo recluidos arbitrariamente a los 25 tripulantes del Galaxy Leader, que habían secuestrado el 19 de noviembre de 2023.

Las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo ataques navales y aéreos —algunos conjuntamente con las británicas— contra objetivos huzíes con el propósito declarado de reducir la capacidad de los huzíes para amenazar el comercio marítimo y a su personal.

Los huzíes llevaron a cabo ataques con misiles y drones contra Israel en al menos 48 ocasiones, con el objetivo declarado de apoyar a la población palestina de Gaza. El 19 de julio, murió un civil y cuatro más sufrieron heridas en un ataque con drones contra la ciudad israelí de Tel Aviv. En represalia, el 20 de julio Israel llevó a cabo ataques aéreos contra el puerto de Al Hudaida, lugar fundamental para el suministro de ayuda humanitaria y alimentos, y contra la central eléctrica de Ras Kathnib, en la gobernación de Al Hudaida; según informes, murieron al menos seis civiles y al menos 80 más sufrieron heridas. El objetivo de los ataques eran dos grúas portuarias e instalaciones de almacenamiento de combustible.

El 29 de septiembre, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra los puertos de Al Hudaida y Ras Issa, así como contra las centrales eléctricas de Al Hali y Ras Kathnib, en la gobernación de Al Hudaida, en los que, según informes, mató a cinco civiles e hirió al menos a 57 más.

En diciembre, los huzíes reivindicaron 17 ataques contra Israel. El 21 de diciembre, un ataque con misiles alcanzó un parque infantil en Jaffa, hiriendo, según informes, a 16 civiles. Los días 19 y 26 de diciembre, Israel efectuó a su vez ataques aéreos contra puertos de la gobernación de Al Hudaida, centrales eléctricas de las gobernaciones de Al Hudaida y Saná y el aeropuerto internacional de Saná; según informes, mataron al menos a 13 civiles e hirieron a decenas más, y causaron daños en los puertos y el aeropuerto.

Las condiciones meteorológicas extremas causaron muertes, destruyeron viviendas y medios de subsistencia, agravaron el desplazamiento interno y aumentaron la inseguridad alimentaria.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Todas las partes en el conflicto siguieron reprimiendo la disidencia y acallando a la sociedad civil. Entre las personas perseguidas se encontraban figuras de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, personal de organizaciones de derechos humanos y de ayuda humanitaria, minorías religiosas y voces críticas con las autoridades por su historial en materia de derechos humanos y por sus políticas.

Autoridades de facto huzíes

El 2 de enero, el servicio de seguridad e inteligencia huzí detuvo al juez Abdulwahab Mohammad Qatran por haber criticado en Internet a las autoridades de facto huzíes. Fue recluido arbitrariamente en el centro de detención de seguridad e inteligencia controlado por los huzíes en la capital, Saná, durante más de cinco meses, durante los cuales se le negó el derecho a asistencia letrada y pasó más de un mes en régimen de aislamiento prolongado. Quedó en libertad el 12 de junio, después de comprometerse a no publicar sus opiniones en las redes sociales.¹

En junio, las fuerzas de seguridad huzíes detuvieron arbitrariamente a 13 del personal de la ONU y a decenas de del personal de ONG locales e internacionales.² Según informes, en diciembre pusieron en libertad a tres de las personas detenidas. Las detenciones coincidieron con una campaña mediática huzí en la que se acusaba a las organizaciones humanitarias y de derechos humanos y a su personal de “conspirar” contra los intereses de Yemen.

Entre junio y agosto, las autoridades de facto huzíes liberaron a cinco de la minoría religiosa bahaí que se hallaban aún recluidos tras más de un año de detención arbitraria y sin cargos junto con otros 12. Habían sido detenidos después de que las fuerzas armadas huzíes irrumpieran en una reunión pacífica celebrada en una residencia privada de Saná el 25 de mayo de 2023.³ Como condición para su puesta en libertad, algunos fueron obligados a firmar documentos donde se comprometían a no participar en actividades relacionadas con la minoría bahaí.

Consejo de Transición del Sur

Las autoridades de facto del Consejo de Transición del Sur continuaron restringiendo ilícita y arbitrariamente la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores y defensoras de los derechos humanos en la gobernación sureña de Adén.

El 26 de mayo, un grupo de hombres armados que acompañaban a mujeres de la Unión de Mujeres del Sur, organización respaldada por el Consejo de Transición del Sur, tomaron por la fuerza el centro de la Unión de Mujeres Yemeníes, organización independiente de la sociedad civil, en el distrito de Sira de Adén y negaron al personal el a él, lo que impidió la prestación de servicios de protección a las mujeres.⁴ En junio, el personal del centro pudo recuperar el y reanudar sus actividades, tras aceptar que también desarrollara desde allí las suyas la Unión de Mujeres del Sur.

Gobierno de Yemen

El gobierno yemení reconocido internacionalmente siguió hostigando, deteniendo arbitrariamente y procesando a periodistas en las zonas bajo su control, especialmente en las gobernaciones de Taiz, Marib y Hadramaut.

Según Marsadak, observatorio yemení de las libertades de los medios de comunicación, el 5 de mayo el Tribunal de Fondos Públicos de la gobernación de Hadramaut impuso al periodista Ali Salmeen al Awbathani una pena condicional de seis meses de prisión por publicar contenidos críticos con una institución pública.

Derecho a un juicio justo

Autoridades de facto huzíes

Las autoridades de facto huzíes siguieron sirviéndose de su control sobre el Tribunal Penal Especializado de Saná para utilizarlo como instrumento de represión política mediante la imposición de largas penas de prisión y condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos. También continuaron formulando acusaciones de “espionaje” para procesar a de la oposición política y silenciar la disidencia pacífica.

El 1 de junio, el Tribunal Penal Especializado de Saná condenó a muerte a 44 acusados, 16 de ellos juzgados in absentia, por cargos de espionaje falsos tras un juicio colectivo injusto. Según su abogado, los 28 acusados que estaban detenidos habían sido víctimas de desaparición forzada durante nueve meses tras su detención y sometidos a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”.

Fatma al Arwali, defensora de los derechos humanos, seguía en peligro de ejecución después de que el Tribunal Penal Especializado de Saná la declarara culpable de “ayudar a un país enemigo” y la condenara a muerte el 5 de diciembre de 2023 tras un juicio manifiestamente injusto.⁵

El 20 de agosto, el Tribunal Penal Especializado de Saná amplió un año la condena del periodista Nabil al Sidawi. Los servicios de seguridad e inteligencia huzíes lo habían detenido el 21 de septiembre de 2015. Estuvo recluido sin cargos ni juicio durante unos cuatro años y, en 2022, fue condenado por el Tribunal Penal Especializado de Saná a ocho años de prisión por cargos de espionaje tras un juicio manifiestamente injusto.

Consejo de Transición del Sur

El 28 de mayo, el Tribunal Penal Especializado de Adén condenó al periodista Ahmad Maher a cuatro años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto, en el que fue declarado culpable de los cargos de difundir noticias falsas y engañosas y de falsificar documentos de identidad.⁶ Las fuerzas de seguridad del Consejo de Transición del Sur lo habían detenido en Adén en agosto de 2022 y lo habían sometido a tortura y otros malos tratos durante su interrogatorio en la comisaría de Dar Saad para obligarlo a “confesar” su participación en un ataque efectuado contra ella en marzo de 2022. Se vulneró su derecho a una defensa adecuada, a asistencia letrada de su elección, a la presunción de inocencia y a no inculparse. El 25 de diciembre, fue absuelto por el Tribunal Penal Especializado de Apelación de Adén, pero continuó encarcelado, pues la Fiscalía Penal Especializada impuso como condición para dejarlo en libertad que se ofreciera una “garantía comercial” que su familia no pudo aportar.

Negación de humanitario

El a alimentos, agua apta para el consumo, un medioambiente saludable y servicios sanitarios adecuados seguía siendo muy restringido. Según UNICEF, más de 2,7 millones de niños y niñas sufrían desnutrición aguda. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 18,2 millones de personas necesitaban ayuda humanitaria y servicios de protección, y casi la mitad de la población sufría inseguridad alimentaria y nutricional. Yemen sufrió otro brote de diarrea acuosa aguda y cólera; se registraron diariamente cientos de casos.

Las partes en el conflicto siguieron imponiendo restricciones istrativas y burocráticas arbitrarias a la distribución de ayuda humanitaria. Las autoridades de facto huzíes intensificaron sus restricciones a la labor de las organizaciones humanitarias. La detención arbitraria que llevaron a cabo en junio de decenas de del personal de la ONU y de ONG locales e internacionales (véase supra) redujo la capacidad de estas organizaciones para proporcionar ayuda humanitaria y servicios de protección. En septiembre, la ONU suspendió en las zonas controladas por los huzíes todas las actividades no destinadas a salvar o mantener vidas, con el fin de minimizar el riesgo para el personal de ayuda humanitaria.

En agosto, la entidad huzí Consejo Supremo para la Gestión y Coordinación de Asuntos Humanitarios y Cooperación Internacional reiteró, en reuniones con personal de la ONU y de ONG internacionales, las políticas restrictivas aplicadas por los huzíes con respecto a las actividades humanitarias.

La fragmentación del poder en el sur de Yemen, que dejó algunos ministerios bajo el control del gobierno reconocido internacionalmente y otros bajo el control del Consejo de Transición del Sur, siguió ralentizando la aprobación de proyectos de ayuda y de permisos de viaje, lo que dificultó la distribución de ayuda.

Discriminación y violencia sexuales y de género

Las mujeres seguían sufriendo chantaje y hostigamiento en Internet a través de Facebook, facilitados por la falta de medidas adecuadas de las autoridades para proteger su derecho a la privacidad en la red o para proporcionar reparación a las sobrevivientes de violencia de género facilitada por la tecnología. También contribuía a ello la insuficiente acción preventiva de Meta, propietaria de Facebook, para garantizar que sus mecanismos de denuncia de la violencia en Internet fueran accesibles y culturalmente sensibles a contextos socialmente conservadores como el yemení.⁷

Las autoridades de facto huzíes siguieron restringiendo el derecho de las mujeres a la libertad de circulación sin el acompañamiento o la aprobación por escrito de un tutor varón (mahram), lo que limitaba, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a trabajar y la capacidad de las trabajadoras humanitarias yemeníes para realizar trabajo de campo y repartir ayuda. El personal de ayuda humanitaria informó de que el requisito del mahram también se aplicaba cada vez más en casos concretos en zonas controladas por el gobierno, como las gobernaciones de Taiz y Marib.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Las partes en el conflicto continuaron persiguiendo y enjuiciando a personas LGBTI únicamente por su identidad de género u orientación sexual reales o supuestas.

El 23 de enero, el tribunal de lo penal de Dhamar (norte de Yemen), afín a los huzíes, condenó a muerte a nueve hombres —siete por lapidación y dos por crucifixión—, mientras que a otros 23 se les impusieron penas de prisión de entre seis meses y 10 años por diversos cargos, como “homosexualidad”, “difusión de la inmoralidad” y “actos inmorales”.

El 1 de febrero, el tribunal de primera instancia de Ibb, en el sur del país, condenó a muerte a 13 estudiantes y a flagelación a otros tres por “difusión de la homosexualidad”.⁸

Derecho a un medioambiente saludable

Los ataques marítimos de los huzíes y los ataques israelíes al puerto de Al Hudaida supusieron importantes riesgos medioambientales que amenazaban la vida marina y los medios de subsistencia de las comunidades costeras, lo que agravó aún más la crisis humanitaria.

El 18 de febrero, los huzíes atacaron el buque Rubymar, que se hundió el 2 de marzo a unos 26 kilómetros al oeste del puerto de Mocha, en el este de Yemen; transportaba alrededor de 21.000 toneladas de fertilizante de sulfato de fosfato de amonio, lo que supuso un riesgo ambiental en el Mar Rojo.

El 12 de junio, los huzíes atacaron el buque Tutor, que se hundió el día 18 del mismo mes con su cargamento de 80.000 toneladas de carbón.

El 16 de julio, los huzíes atacaron el petrolero Chios Lion. Cerca del lugar del ataque se vio una marea negra de 220 km de largo, que amenazaba la reserva marina de las islas Farasan, según el Observatorio de Conflictos y Medioambiente.

El 20 de julio, el objetivo de los ataques aéreos israelíes contra el puerto de Al Hudaida y la central eléctrica de Ras Kathnib, en la gobernación de Al Hudaida, fueron las instalaciones de almacenamiento de combustible, que ardieron durante al menos cuatro días. El ataque al puerto de Al Hudaida provocó en él vertidos de combustible perjudiciales para su entorno marino.

La mala gestión de las infraestructuras petroleras por parte del gobierno en la gobernación de Shabua siguió provocando gran contaminación. En julio, los daños causados a un oleoducto provocaron el vertido de grandes cantidades de crudo a lo largo de cientos de metros de costa cerca del pueblo de Ayn Bamabad.